La norma aprobada el día 15 por el parlamento lituano prohíbe el debate sobre la homosexualidad en las escuelas, así como cualquier referencia al asunto en la información pública disponible para niños y niñas. Esta nueva ley convierte a los homosexuales en ciudadanos de segunda clase, institucionaliza la homofobia, discrimina al colectivo LGTB y coarta su libertad de expresión.
Algunas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, ya están coordinando con grupos LGTB lituanos, el lanzamiento de campañas por la anulación o enmienda de la ley.
En un comunicado de prensa, Amnistía declaró que la norma «reforzó la discriminación basada sobre la orientación sexual» y se enmarca en «un clima de intimidación y discriminación crecientes en Lituania contra lesbianas, gays, bisexuales y transgénero».
Los activistas LGTB lituanos afirman que la norma infringe el Convenio Europeo de Derechos Humanos, vigente desde 1950. Por lo que exigen al Parlamento Europeo y a las instituciones de la UE que presionen al presidente de Lituania a que no sancione la ley e impida así su entrada en vigor.
Pero el problema principal es que Europa está retrocediendo en materia de derechos humanos y sobre todo en lo que concierne a los derechos LGTB. Hace poco conocimos que en Holanda, el Consejo de Estado, estudia un informe en el que se insta a despedir al profesorado homosexual. Y en las pasadas elecciones europeas, numerosos grupos de ultraderecha han conseguido escaños.
Sin ir más lejos, España mandará una mayoría de parlamentarios conservadores pertenecientes al Partido Popular. Partido que mantiene interpuesta una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo.
¿Qué podemos esperar de estos parlamentarios ante atropellos como el de Lituania, Holanda y los que nos quedan por ver por parte de Berlusconi?
La República Chueca - Grupo LGTB del PSOE-M 